Reportes

El informe, “Human Rights in Supply Chains: A Call for a Binding Global Standard on Due Diligence” [Los derechos humanos en las cadenas de suministro: un llamado a favor de una norma global vinculante sobre la debida diligencia], se elaboró a partir de dos décadas de investigaciones de Human Rights Watch sobre trabajo infantil y otros abusos de derechos laborales, daño ambiental y violaciones de los derechos a la salud, la tierra, los alimentos y el agua, en el contexto de las cadenas de suministro globales.

 

El informe, “Poder sin Límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela,” analiza señalamientos de abusos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en distintos lugares del país desde julio de 2015, en el marco de la “Operación de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), que se anunció como una iniciativa para combatir a bandas criminales. Un denominador común de todos estos casos, así como de otros abusos gubernamentales documentados por PROVEA y Human Rights Watch durante la última década, ha sido el grado en que las víctimas – o sus familiares – han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales.

 

El informe “Puertas Cerrados: El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central” documenta grandes contradicciones entre la legislación mexicana y su puesta en práctica. Por ley, México ofrece protección a aquellos cuya vida o seguridad corren peligro si son devueltos a su país de origen. Sin embargo, menos del uno por ciento de los menores que son detenidos por las autoridades migratorias de México son reconocidos como refugiados, según datos oficiales del gobierno.

 

El informe de 43 páginas, “Somos dominicanos, somos dominicanas: Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”, documenta cientos de casos en 13 provincias del país. Human Rights Watch concluyó que dominicanos de ascendencia haitiana todavía no pueden realizar actos cívicos básicos como inscribir hijos al momento del nacimiento, anotarse en la escuela y la universidad, participar en la economía formal o viajar por el país sin riesgo de expulsión.

El documento de 105 páginas presenta evidencias que sugieren de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de “falsos positivos”, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión. La Fiscalía investiga al menos 3.000 de estos casos, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate. Cientos de soldados de los rangos más bajos han sido condenados, pero apenas algunos coroneles y ningún general lo fueron.
 

This 38-page report details significant hurdles to assigning personal accountability for the actions of fully autonomous weapons under both criminal and civil law. It also elaborates on the consequences of failing to assign legal responsibility. The report is jointly published by Human Rights Watch and Harvard Law School’s International Human Rights Clinic

El informe de 127 páginas documenta la falta de acceso de muchos pacientes a medicamentos para aliviar el dolor y otro tipo de asistencia conocida como cuidados paliativos.

El informe de 88 páginas documenta las adversidades que afrontan las familias que pierden su hogar después de incumplir los pagos hipotecarios, en medio de la recesión y el masivo desempleo en España.

El informe documenta 45 casos ocurridos en Caracas y tres estados que afectan a más de 150 víctimas, en los cuales miembros de fuerzas de seguridad han vulnerado derechos de manifestantes y otras personas en las proximidades de lugares donde se desarrollaban protestas.

El informe de 78 páginas examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías.

La IDWN, la CSI y Human Rights Watch presentan un nuevo informe de 33 páginas.

El informe de 203 páginas documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras.

El informe de 26 páginas comprobó que el Código Penal de Ecuador limita los derechos reproductivos de mujeres y jóvenes al prohibir el aborto salvo en contadas excepciones, incluso en el caso de embarazos provocados por hechos de violencia sexual.