Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y otros nacionales de terceros países
El informe de 66 páginas, “‘Nos abandonan aquí a morir’: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y nacionales de otros terceros países”, documenta los abusos del gobierno estadounidense contra cubanos y nacionales de terceros países deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Muchos deportados cubanos se encuentran atrapados en un limbo legal, dado que el gobierno cubano se niega a recibirlos y México no les ofrece vías efectivas para obtener la residencia permanente. Las autoridades mexicanas no ofrecen prácticamente ningún apoyo institucional a estas personas, lo que deja a muchos en situaciones precarias de falta de acceso a vivienda, alimentación o atención médica adecuada.
La reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército
En este informe, Human Rights Watch apela al gobierno mexicano para que ponga fin a la jurisdicción militar sobre los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. El sistema de impartición de justicia mexicano deja actualmente en manos de las autoridades militares la tarea de investigar y procesar los abusos cometidos por el Ejército.
Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia
Human Rights Watch ha documentado pruebas abundantes, detalladas y comprometedoras que indican que ciertas brigadas del Ejército de Colombia y destacamentos policiales continúan promoviendo, colaborando, apoyando, beneficiándose y tolerando a los grupos paramilitares, tratándolos como una fuerza aliada y compatible con sus tropas.
El derecho internacional humanitario y su aplicación a la conducta de las FARC-EP
Ya sean residentes de Bogotá o de zonas rurales remotas, los civiles colombianos son los peor parados por el violento conflicto armado del país. Miles de ellos han sido asesinados en los últimos años y miles más han sido secuestrados para obtener rescates. Las normas del derecho internacional humanitario aplicables al conflicto se diseñaron para resguardar a los civiles de la guerra.
A pesar de una década de promesas por parte de funcionarios del gobierno de llevar ante la justicia a los responsables de serias violaciones a los derechos humanos en El Salvador, la impunidad de oficiales militares y miembros de los escuadrones de la muerte permanece intacta.