Reportes

El Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo (ACA) suscrito entre ambos países permite a Estados Unidos trasladar rápidamente a Guatemala a los solicitantes de asilo no guatemaltecos, sin ofrecerles la oportunidad de presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos y privándoles del acceso a una protección efectiva en Guatemala. En consecuencia, se ven obligados a desistir de sus solicitudes de asilo y algunos de ellos, con temores fundados de ser perseguidos, al parecer están regresando a sus países de origen, donde corren un riesgo real de sufrir daños graves.

This report rebuts 16 key arguments against a ban on fully autonomous weapons.

El gobierno estadounidense ha deportado a personas que, una vez en El Salvador, se enfrentaron a abusos o incluso la muerte. Si bien EE. UU. no es el único responsable —pues las pandillas salvadoreñas que victimizan a personas deportadas y las autoridades salvadoreñas que perjudican a deportados o no actúan para protegerlos tienen responsabilidad directa—, en muchos casos EE. UU. expone a peligros a personas salvadoreñas en circunstancias en las que sabe, o debería saber, que es posible que sufran daños.

El informe documenta crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales. Estos abusos quedan casi siempre en la impunidad.

El informe documenta qué les ocurrió a muchos de los cientos de personas arrestadas por la policía o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno durante la arremetida contra opositores que empezó en abril de 2018. Muchos sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas. A algunos heridos se les habría negado atención médica en centros de salud pública, y diversos médicos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias. Se ha procesado penalmente a detenidos en causas plagadas de graves violaciones al debido proceso.

El informe documenta cómo las autoridades han postergado el lanzamiento de un programa de educación en sexualidad largamente esperado, dejando a cientos de miles de niñas y niños adolescentes sin información científica precisa sobre su salud. El país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La prohibición total del aborto en el país significa que una adolescente que se enfrenta a un embarazo no deseado debe continuar ese embarazo en contra de su voluntad u obtener un aborto clandestino, a menudo poniendo en grave riesgo su salud e incluso su vida.

El informe presenta ejemplos de normas y prácticas de 50 países, desde Afganistán hasta Yemen, que brindan algún tipo de protección para prevenir el uso militar de escuelas o universidades. Muchos de los ejemplos son de países que actualmente están en situación de conflicto armado o lo estuvieron recientemente. 

El informe documenta un aumento de los niveles de mortalidad materna e infantil; brotes de enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; e incrementos drásticos en la transmisión de enfermedades infecciosas, como malaria y tuberculosis. Los datos disponibles muestran altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, así como una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.

El informe demuestra que deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y en su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a que se formaran disidencias de la guerrilla. Estos grupos, incluidos Guerrillas Unidas del Pacífico y Frente Oliver Sinisterra, ahora asolan barrios urbanos y veredas rurales de Tumaco. Las disidencias han contribuido a causar un drástico aumento en la tasa de homicidios.

El informe documenta los esfuerzos de gobiernos sudamericanos para responder al número masivo de ciudadanos venezolanos que cruzan sus fronteras, así como los retrocesos recientes que dificultan que los venezolanos puedan obtener protección. En algunas islas del Caribe, se detiene arbitrariamente y se deporta a venezolanos. Otro problema cada vez más preocupante son los incidentes de xenofobia.

This report finds that fully autonomous weapons would violate what is known as the Martens Clause. This long-standing provision of international humanitarian law requires emerging technologies to be judged by the “principles of humanity” and the “dictates of public conscience” when they are not already covered by other treaty provisions. 

Partiendo de entrevistas con agentes del orden público en cinco estados, abogados de inmigración y víctimas de delitos, el informe resalta casos de inmigrantes indocumentados que valientemente comparecieron ante la justicia para ayudar en investigaciones de violaciones, robos e intentos de asesinato.