- La decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos ha generado un temor generalizado de la población haitiana a ser enviados de regreso a una de las crisis de derechos humanos más devastadoras del mundo.
- Las familias haitianas ya estaban sufriendo graves consecuencias económicas y sociales incluso antes de la decisión de la Corte Suprema que permitió que avanzara la terminación.
- El Congreso debe actuar con urgencia para preservar las protecciones del TPS para los haitianos. El Congreso también debe considerar establecer una vía hacia la residencia permanente legal u otras formas de protección duradera para los migrantes con vínculos de larga data con Estados Unidos, incluidos muchos titulares haitianos del TPS.
(Miami) – La decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos ha generado un temor generalizado entre las comunidades haitianas de Florida a la separación familiar, pérdida de empleo y deportación a un país sumido en la violencia y una crisis humanitaria, afirmaron hoy Human Rights Watch y Sant La Haitian Neighborhood Center. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del 25 de junio de 2026, que permitió que la terminación avanzara, ha hecho que estas preocupaciones se volvieran inmediatas, dejando a cientos de miles de haitianos en riesgo de perder su protección.
El TPS es un mecanismo previsto en la legislación estadounidense que permite al poder ejecutivo otorgar a personas de determinadas nacionalidades que ya se encuentran en Estados Unidos el derecho a vivir y trabajar en el país durante un período limitado, debido a que las condiciones en sus países de origen son demasiado peligrosas para que puedan ser retornadas. La administración Trump había tomado medidas para poner fin al TPS para los haitianos, argumentando que las condiciones en el país han mejorado y que el “colapso de la gobernanza” de Haití impide que el país controle la migración. Un tribunal federal de distrito había bloqueado temporalmente la terminación el 3 de febrero de 2026. La Corte Suprema revocó esa orden, permitiendo que la decisión de terminación entre en vigor mientras continúa el litigio.
“Sin las protecciones del TPS, los haitianos corren el riesgo de ser enviados de regreso a una de las crisis de derechos humanos más devastadoras del mundo”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El Congreso debe actuar con rapidez para preservar las protecciones del TPS para los haitianos y evitar que sean retornados a Haití”.
Algunos miembros del Congreso han intentado responder a esta inminente crisis. El 16 de abril, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que designaría a los haitianos como beneficiarios del TPS hasta abril de 2029, pero aún no ha sido aprobado por el Senado. El 19 de junio, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley complementario que exigiría al secretario de Seguridad Nacional designar a los haitianos como beneficiarios del TPS y preservar las protecciones para los haitianos en Estados Unidos. El 25 de junio, la congresista de Florida Frederica Wilson presentó un proyecto de ley para proteger a los haitianos en Estados Unidos de la deportación y ofrecer a las familias haitianas que llevan mucho tiempo establecidas en el país un camino hacia la residencia permanente. El Congreso no ha aprobado ninguno de estos proyectos de ley, y la terminación del TPS por parte de la administración está a punto de entrar en vigor. Además, el 26 de junio, la congresista Debbie Wasserman Schultz anunció sus planes para presentar la Ley de Revisión del TPS (TPS Review Act en inglés), que permitiría la revisión judicial y legislativa de la terminación del TPS.
En colaboración con Sant La, Human Rights Watch entrevistó a 40 haitianos beneficiarios del TPS en Miami, Florida, y a 15 representantes de organizaciones comunitarias. Los investigadores también revisaron información del gobierno de Estados Unidos y de otras organizaciones haitianas e internacionales.
Los haitianos beneficiarios del TPS afirmaron que, si fueran retornados a Haití, los grupos criminales los convertirían en blanco de secuestro y extorsión, bajo la suposición de que tienen dinero por haber vivido en Estados Unidos.
“Perder el TPS sería como una sentencia de muerte”, dijo un hombre haitiano de 28 años. “Si me deportan a Haití, la gente pensará que tengo dinero porque viví en el extranjero. Intentarán extorsionarme o secuestrarme. Y como no tengo dinero ni ahorros para pagar, me asesinarán”.
Esos temores están fundados en las crisis de seguridad, derechos humanos y humanitaria que se agravan cada vez más en Haití. Los grupos criminales controlan aproximadamente el 90 % de la capital de Haití, Puerto Príncipe, y se han expandido a nuevas regiones. Más de 8.200 personas fueron asesinadas entre enero de 2025 y marzo de 2026, y en al menos 20 incidentes los grupos criminales asesinaron a tres o más personas. La violencia sexual es generalizada y el reclutamiento de menores por grupos criminales está en aumento. Cerca de 1,5 millones de personas se encuentran desplazadas internamente, casi la mitad de ellas menores de edad, y 5,83 millones de personas, el 52 % de la población del país, enfrentan inseguridad alimentaria aguda, el nivel más alto jamás registrado en Haití.
“Hace tres años, miembros de grupos criminales entraron a mi casa en Delmas y nos robaron todo lo que teníamos”, dijo una asistente de enfermería certificada de 28 años originalmente de Puerto Príncipe. “Asesinaron a mi papá y nos violaron a mi hermana y a mí. Mi hermana se quitó la vida días después; no pudo soportar lo que nos había ocurrido. Yo encontré la fuerza para seguir adelante, y cuando tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos con la ayuda de un familiar, no lo dudé. Era la única forma de sobrevivir”.
Aproximadamente 330.000 haitianos tenían el TPS en Estados Unidos antes de que la administración Trump avanzara con la terminación de esta designación, incluidos unos 158.000 en Florida, el estado con la mayor población de migrantes haitianos del país. Muchos trabajan en los sectores de salud, cuidado de personas mayores, construcción, turismo y hotelería. Según FWD.us, una organización bipartidista de incidencia política enfocada en migración, los beneficiarios del TPS en Florida aportaban aproximadamente US$2.600 millones al año a la economía del estado, incluyendo alrededor de $1,500 millones solo en el área metropolitana de Miami.
Human Rights Watch concluyó que las familias haitianas en Florida ya estaban sufriendo graves consecuencias económicas y sociales antes de la decisión de la Corte Suprema. En los meses previos, los beneficiarios del TPS dijeron que los permisos de trabajo vencidos, las demoras en las renovaciones y la confusión de los empleadores sobre su situación legal habían hecho que algunas personas perdieran sus empleos, que otras vieran reducidos sus ingresos y que las familias tuvieran dificultades para pagar el alquiler, comprar alimentos, acceder a la atención médica y apoyar a sus familiares en Haití. Algunos padres habían dejado de enviar a sus hijos a la escuela o habían evitado citas médicas por temor a tener contacto con las autoridades.
Personal de Sant La y representantes de otras organizaciones entrevistadas dijeron que la terminación del TPS y de los permisos de trabajo asociados tendrán consecuencias inmediatas. Thamara Labrousse, directora ejecutiva de Sant La, dijo que muchas familias viven de sueldo en sueldo y sentirían el impacto económico de inmediato. “Sin la posibilidad de trabajar, las personas tendrán dificultades para alimentar a sus familias y mantener un techo sobre sus cabezas. Algunas podrían terminar sin hogar, lo que crearía una crisis humanitaria para los haitianos en Estados Unidos”.
Una mujer haitiana de 25 años que trabajaba como cuidadora de un hombre mayor dijo que perdió su empleo en febrero, después de que su empleador concluyera que su TPS había terminado, a pesar de sus esfuerzos por explicar la incertidumbre legal. “Después de que me despidieron, todo empeoró”, dijo. “Solo pude conseguir unas pocas horas de trabajo en una peluquería, y me estoy quedando en la casa de un vecino porque no tengo suficiente dinero para pagar el alquiler. Será aún peor si me quitan mi permiso de trabajo, porque entonces nadie me contratará. No sé cómo voy a sobrevivir”.
El Senado debe aprobar urgentemente el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, que preservaría la protección del TPS para los haitianos hasta abril de 2029, dijeron Human Rights Watch y Sant La. Como parte de una reforma migratoria más amplia, el Congreso también debe considerar ofrecer una vía hacia la residencia permanente legal u otras formas de protección duradera para los migrantes con vínculos de larga data con Estados Unidos, incluidos muchos haitianos titulares del TPS.
Las condiciones en Haití no solo no han mejorado, sino que la situación se ha deteriorado significativamente desde que se emitió la designación inicial en 2010. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos no deberían retornar a personas a lugares donde enfrenten riesgos graves para su vida, libertad o integridad física. Este principio, conocido como “no devolución” (non-refoulement en inglés), se deriva de varios tratados internacionales, entre ellos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Deportar haitianos a Haití significaría devolverlos a una de las crisis de derechos humanos y humanitarias más graves del mundo. Desde 2022, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han instado reiteradamente a los países a no retornar por la fuerza a haitianos, dados los riesgos de seguridad y salud que ponen en peligro sus vidas, los abusos generalizados en el país y la falta de condiciones para un retorno seguro, digno y sostenible.
“Las consecuencias de las acciones de la administración Trump serán sentidas no solo por los haitianos beneficiarios del TPS, sino también en los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades que dependen de ellos”, dijo Labrousse. “Los haitianos titulares del TPS han construido sus vidas en este país y son parte integral del tejido social y económico de las comunidades en Florida y en todo el país”.
Para más testimonios y detalles, ver a continuación.
Human Rights Watch realizó entrevistas presenciales en el sur de Florida del 14 al 20 de abril de 2026. Sant La Haitian Neighborhood Center apoyó la investigación ayudando a identificar a haitianos beneficiarios del TPS, a las organizaciones locales que trabajan en temas de migración y a las organizaciones que prestan servicios a las comunidades haitianas en Florida.
Investigadores de Human Rights Watch también se pusieron en contacto con cuatro centros de salud y residencias para el cuidado de personas mayores que emplean a trabajadores haitianos que estaban protegidos por el TPS. Human Rights Watch revisó información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y avisos publicados en el Registro Federal, así como documentación del Senado de Estados Unidos, Haitian Bridge Alliance y American Immigration Council. Human Rights Watch también analizó datos de FWD.us, Migration Policy Institute y organizaciones haitianas e internacionales.
Las entrevistas con haitianos beneficiarios del TPS se realizaron bajo condición de anonimato para protegerlos de posibles consecuencias relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.
Por qué los haitianos huyeron y no pueden regresar
Desde hace varios años, Haití enfrenta una crisis política, de seguridad, económica y humanitaria que ha erosionado de manera constante la capacidad del país para proteger a la población y garantizar su acceso a servicios esenciales. El terremoto de 2010, la epidemia de cólera, huracanes devastadores, la inestabilidad política crónica y el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 han contribuido a un colapso institucional cada vez más profundo.
Ese colapso ha creado condiciones para que los grupos criminales amplíen su control territorial en el área metropolitana de Puerto Príncipe y cometan abusos generalizados contra la población. Las condiciones de seguridad se deterioraron aún más a partir de 2023, cuando los entonces mayores grupos criminales de Haití, el G9 y el G-Pèp, se enfrentaron por el control de las comunas de Puerto Príncipe. En 2024, anunciaron la formación de una coalición, “Viv Ansanm” (Viviendo Juntos, en creole), que ha llevado a cabo ataques coordinados en Puerto Príncipe.
Las personas entrevistadas, que llegaron a Estados Unidos entre 2012 y 2024, provenían de distintos sectores de la sociedad haitiana. Algunas dijeron que habían logrado cursar estudios universitarios y construir una vida de clase media a pesar de las caóticas condiciones del país, con carreras profesionales, empleos, negocios u otras fuentes de ingresos, pero que la extorsión, las amenazas y los asesinatos perpetrados por grupos criminales las llevaron a buscar protección en Estados Unidos.
Una mujer de 22 años que trabaja como empleada doméstica en Miami dijo que huyó de Haití después de que grupos criminales incendiaran su casa en Delmas con sus padres dentro, porque su padre se negó a pagar una extorsión. “Llegaron a mi casa por la noche y le prendieron fuego; mis padres estaban adentro y murieron en el incendio”, dijo. “Querían quemarnos porque mi papá se negó a pagarles los $200 que exigían, pero eso era todo lo que ganaba trabajando para una empresa textil en ese momento [en 2021]. Yo sobreviví porque mi papá me había enviado unos días antes a quedarme con una tía”.
Dos hermanas, de 34 y 41 años, que llegaron a Estados Unidos en 2023 y trabajan en una residencia para el cuidado de personas mayores en Florida—una como asistente de cuidado y la otra en limpieza—, dijeron que huyeron de Haití tras años de violencia y temor. En Haití, ambas habían obtenido títulos universitarios en administración. Una de las hermanas, que había trabajado para una empresa privada en Cité Soleil, dijo que el año en que huyó de Haití escuchaba disparos casi todos los días de camino al trabajo, ya que los grupos criminales se enfrentaban a los alrededores. “No sabía cuándo una bala me alcanzaría y caería muerta”, dijo. “Varios de mis colegas murieron de esa manera, por balas perdidas”.
Su hermana dijo que decidió huir después de que otra de sus hermanas sobreviviera a un intento de secuestro. Renunció a su trabajo y solicitó parole humanitario con la ayuda de un familiar en Estados Unidos. “No dejaba de preguntarme: si me secuestran, ¿qué le pasará a mi hijo?”, dijo. “Ese miedo me acompañaba todos los días.… No quería dejar a mi hijo sin madre”.
Un hombre de 27 años de Cité Soleil, que ahora trabaja como empleado de limpieza en un centro de vida asistida en Florida, dijo que los miembros de un grupo criminal asesinaron a uno de sus amigos e intentaron asesinarlo a él después de que no pudieran pagar el dinero que les exigían.
“Era mi mejor amigo”, dijo el hombre. “Nuestros padres habían hecho un gran esfuerzo para enviarnos a la universidad, y eso hizo que los miembros de un grupo criminal pensaran que teníamos dinero, a pesar de que estudiábamos en la Universidad Estatal de Haití, que es pública. Nos exigieron que pagáramos $50 al mes cada uno, pero ni siquiera teníamos $10 al mes para nuestros propios gastos. Un día, cuando regresábamos de la universidad, nos tendieron una emboscada y nos dispararon, matando a mi amigo. Yo logré escapar”. Dijo que abandonó sus estudios de ingeniería y que su familia lo ayudó a viajar a Estados Unidos.
Una mujer de 36 años que había trabajado como abogada en Puerto Príncipe y ahora se desempeña como auxiliar asistente de enfermería certificada en Miami dijo que huyó de Haití después de que miembros de un grupo criminal atacaran su casa en Delmas en julio de 2022. “Nos robaron todo y me violaron”, dijo. “No tuve más remedio que irme del barrio, pero sabía que, dondequiera que fuera, me podría volver a pasar lo mismo”. Su madre, dijo, reunió lo que pudo para ayudarla a huir a Estados Unidos.
Miembros de un grupo criminal también atacaron la casa de una mujer de 31 años que había trabajado como ingeniera para una empresa multinacional en Haití y que ahora trabaja como cuidadora en un centro de vida asistida en Florida. Ella dijo que la violaron y asesinaron a su hermano. “Violan a las mujeres para someternos y destruir a nuestras familias”, dijo. “No hay ni policía ni autoridad estatal que los detenga. No tenemos adónde ir para salvarnos. La única opción es huir del país”.
La violencia se intensificó aún más en 2025, y los homicidios alcanzaron un nuevo pico en el contexto de operaciones de seguridad. El aumento se produjo en medio de una creciente inestabilidad política tras el establecimiento de un gobierno de transición. Las autoridades de transición crearon una Fuerza de Tareas Especializada (“Task Force”) para combatir a los grupos criminales. Esa iniciativa se ha basado en gran medida en ataques negligentes con drones armados con municiones explosivas que han causado la muerte de muchos habitantes, además de la de presuntos miembros de grupos criminales.
A pesar de la respuesta internacional orientada a estabilizar la situación, que incluyó la autorización por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia y su despliegue en 2024, así como su transición en 2025 a una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas, la situación de seguridad en Haití ha seguido deteriorándose.
Los grupos criminales actualmente han ampliado su presencia más allá de la capital a al menos cinco de los diez departamentos de Haití, y la violencia ha seguido aumentando. Los homicidios aumentaron en aproximadamente un 180 % entre 2022 y 2025, según cifras de la ONU. Los datos disponibles para 2026 sugieren que esta tendencia ha continuado, con al menos 2.300 personas asesinadas hasta el 15 de junio. Las consecuencias humanitarias han sido devastadoras, con una cifra récord de 6,4 millones de haitianos que necesitan asistencia humanitaria.
Varios haitianos con TPS le dijeron a Human Rights Watch que, al haber vivido en Estados Unidos, los grupos criminales los verían como “haitianos blancos”, es decir, personas con dinero, lo que los convertiría en objetivos inmediatos de secuestro y extorsión.
Incluso quienes dijeron que tal vez intentarían evitar las zonas controladas por grupos criminales si fueran retornados, señalaron que sería imposible vivir allí dado el colapso casi total del país. “No puedo regresar”, dijo una mujer de 33 años que ahora trabaja como asistente de atención a pacientes en un hospital de Miami. “En el mejor de los casos, tendría que mudarme a una ciudad fuera de la capital, pero ni siquiera allí sé cómo sobreviviría. No hay trabajo, ni comida, ni nada. Mis opciones serían morir de hambre o por la violencia”.
Varias personas expresaron temor de ser enviadas a terceros países con los que no tienen ningún vínculo, una práctica que Human Rights Watch ha documentado en el contexto de las abusivas políticas migratorias de la administración Trump. “Si el gobierno de Estados Unidos me envía a otro país, donde no conozco a nadie y no hablo el idioma, sería como estar muerta en vida”, dijo una mujer de 36 años que trabaja como mesera en un hotel de Miami.
Impacto para los haitianos titulares del TPS en Florida
Desde que la administración Trump avanzó con la terminación del TPS para los haitianos, muchos beneficiarios en Florida han enfrentado una prolongada incertidumbre legal y financiera. Defensores comunitarios le dijeron a Human Rights Watch que, incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, muchas personas cuyos permisos de trabajo basados en el TPS habían vencido no recibieron renovaciones oportunas, a pesar de haberlas solicitado con anticipación, lo que los dejó en la incertidumbre de si podrían seguir trabajando, acceder a servicios o tomar decisiones básicas para ellos y sus familias. A medida que termina el TPS y las autorizaciones de trabajo derivadas, esa incertidumbre ha sido reemplazada por la realidad de que muchas familias haitianas están perdiendo su estatus legal, sus ingresos y la protección contra la deportación.
Un beneficiario del TPS de 41 años en Miami, que había trabajado en la construcción, dijo que perdió su empleo a principios de este año después de que venciera su permiso de trabajo vinculado al TPS, porque su empleador temía tener problemas con las autoridades de migración. “Ya no sé cómo voy a mantener a mi familia”, dijo. “Tengo dos hijos, y uno de ellos necesita tratamiento médico continuo por una anemia severa. Ahora sobrevivimos con lo que gana mi esposa como cocinera en un restaurante, pero no es suficiente para pagar el alquiler, la comida y los gastos médicos”.
Una mujer de 36 años que llegó a Estados Unidos después de que miembros de un grupo criminal intentaran secuestrarla, y que solicitó el TPS en 2021, dijo que su permiso de trabajo había caducado, pero que su empleador le permitió seguir trabajando porque había presentado su solicitud de renovación a tiempo. “No sé qué pasará si mi jefe decide despedirme”, dijo. “Él también tiene miedo de enfrentar consecuencias por mantenerme en mi empleo”.
Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, trabajadores de Sant La, personal de centros de salud privados y representantes de otras organizaciones comunitarias dijeron que las familias haitianas habían limitado sus desplazamientos y evitaban los hospitales, las escuelas, oportunidades laborales y las citas con los servicios sociales. Un médico que atiende a pacientes haitianos en el sur de Florida dijo que muchos titulares del TPS tenían miedo de salir de sus hogares, incluso para recibir atención médica, porque temían ser detenidos, interrogados o no poder regresar a casa. Como consecuencia, dijo, algunos pacientes perdieron citas médicas, tuvieron dificultades para continuar con su tratamiento u obtener medicamentos, y sufrieron problemas de salud relacionados con el estrés.
La Dra. Marie Flore Lindor-Latortue, representante de la Asociación de Intercambio y Desarrollo de Actividades y Alianzas (Association of Exchange and Development of Activities and Partnership, en inglés), una organización con sede en Miami que trabaja con familias haitianas y beneficiarios del TPS, dijo que algunos padres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela pública. “Temen que los niños puedan ser utilizados para identificarlos, localizar sus hogares y exponerlos a la detención”, dijo Lindor-Latortue. “Algunos padres han pasado de la educación pública a la educación en casa”, dijo, citando el temor a las operaciones de control migratorio reportadas en otros estados.
Una mujer de 37 años que anteriormente trabajaba como cuidadora personal en el sur de Florida dijo que dejó de enviar a su hija de 12 años a la escuela antes de la decisión de la Corte Suprema y que le estaba dando clases en casa debido a la incertidumbre sobre la situación legal de su familia. Dijo que, aunque el litigio seguía pendiente, muchas familias temían que los documentos vencidos pudieran ponerlas en riesgo de ser objeto de medidas de control migratorio. “Hemos visto lo que ha pasado en otros estados, cómo ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] ha ido a las escuelas o ha utilizado las escuelas para identificar a los niños migrantes y a sus familias”, dijo. “Tenemos miedo de que eso nos pase a nosotros”.
La directora ejecutiva de Sant La dijo que muchos haitianos beneficiarios del TPS no habían elaborado planes de contingencia para sus hijos ciudadanos estadounidenses. “Muchas familias no han decidido si sus hijos se quedarían en Estados Unidos con un tutor o se irían con ellos”, dijo, “en parte porque carecen de apoyo legal, información confiable o los recursos para prepararse ante una posible separación”.
Las consecuencias también se extienden al acceso a la atención médica. Un médico que atiende a haitianos beneficiarios del TPS en un centro de salud privado del sur de Florida dijo que ha observado un marcado aumento en las citas canceladas, en pacientes que tienen dificultades para continuar con su tratamiento u obtener medicamentos, y en casos de hipertensión relacionada con el estrés. Incluso antes de la decisión de la Corte Suprema, menos pacientes acudían en persona, señaló, debido a que los avances de la administración Trump por poner fin al TPS hicieron que muchos tuvieran miedo de salir de sus hogares. Su clínica ha comenzado a explorar opciones de telemedicina y atención móvil. “La gente simplemente tiene miedo de salir”, dijo.
Organizaciones comunitarias que brindan orientación legal y servicios sociales a familias haitianas en el sur de Florida describieron el mismo patrón. “La gente no está asistiendo a las citas, los talleres ni los programas”, dijo un miembro del personal de Sant La. “La disminución en asistencia no se debe a que las personas ya no necesiten ayuda, sino a que tienen miedo de buscarla”.
Protección para los haitianos en Estados Unidos
El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7,0 sacudió las cercanías de Puerto Príncipe, provocando el peor desastre humanitario en la historia de Haití. El gobierno haitiano estimó que más de 222.000 personas murieron, 300.000 resultaron heridas y casi 2,3 millones fueron desplazadas. Las pérdidas se estimaron en $7,800 millones, más del 120 % del producto interno bruto de Haití en 2009. El desastre agravó las presiones migratorias de larga data impulsadas por la fragilidad del Estado, la inestabilidad política, la pobreza, la violencia y el acceso limitado a bienes y servicios básicos, así como a oportunidades económicas.
Estados Unidos respondió con varias medidas migratorias, entre ellas la designación inicial del TPS para los haitianos elegibles que ya se encontraran en Estados Unidos, una suspensión temporal de las deportaciones a Haití, el parole humanitario para ciertos haitianos y, más tarde, el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Haitiano.
La administración Obama volvió a designar a Haití para el TPS en 2011, debido al lento ritmo de la recuperación tras el terremoto y la epidemia de cólera, y posteriormente extendió la designación hasta julio de 2017 debido a las continuas crisis humanitarias y de infraestructura, incluyendo el impacto del huracán Sandy y los recurrentes brotes de cólera. La primera administración Trump inicialmente extendió la designación del TPS para Haití hasta el 22 de enero de 2018, pero luego avanzó con su terminación. Esa decisión se retrasó por recursos judiciales y, finalmente, fue revocada por la administración Biden antes de que se pudiera resolver de fondo el litigio.
Tras el asesinato del presidente Moïse en julio de 2021 y un segundo terremoto devastador en agosto de 2021, la administración Biden volvió a designar a Haití para el TPS el 3 de agosto, debido a graves preocupaciones de seguridad, disturbios sociales, un aumento de los abusos de derechos humanos, la pobreza extrema y falta de recursos básicos. Mediante dos redesignaciones posteriores, la administración Biden amplió la elegibilidad para el TPS a los haitianos recién llegados, con protecciones previstas hasta el 3 de febrero de 2026.
En 2025, la administración Trump primero acortó la extensión del TPS de Haití hasta agosto de 2025 y luego anunció que pondría fin a la designación en septiembre de 2025, alegando que las condiciones en Haití ya no justificaban la protección. Un juez federal bloqueó esa medida, dictaminando que la administración no tenía autoridad legal para acortar una concesión vigente del TPS. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un nuevo aviso de terminación en noviembre de 2025, fijando una fecha de finalización para el 3 de febrero de 2026.
El 2 de febrero de 2026, un tribunal federal de distrito en Washington, D. C., suspendió la terminación en espera de una revisión judicial, manteniendo vigentes las protecciones del TPS y la autorización de trabajo. La administración Trump solicitó una revisión de emergencia ante la Corte Suprema, la cual aceptó conocer el caso de forma expedita sin alterar la suspensión ordenada por el tribunal de distrito. El 25 de junio, la Corte Suprema dictaminó que los beneficiarios del TPS que impugnaban la terminación no tenían “derecho a órdenes que postergaran la terminación mientras continuaba el litigio”, que la ley del TPS impedía sus reclamaciones no constitucionales y que su reclamo constitucional “probablemente fracasaría”.
Obstáculos para acceder a otras formas de protección
Representantes de organizaciones comunitarias haitianas en Florida dijeron que, desde 2010, muchos haitianos han solicitado el TPS, porque es la forma de protección más inmediata y accesible a su alcance. Indicaron que muchos haitianos cumplían con los criterios de elegibilidad para el TPS tras sucesivas extensiones y redesignaciones, mientras que el asilo a menudo era percibido como costoso, prolongado y difícil de obtener debido a la carga probatoria y a la forma en que las autoridades estadounidenses aplican el estándar legal a las condiciones en Haití.
“En 2010, había muchos haitianos, incluidas víctimas de violencia, que ya se encontraban en Estados Unidos sin estatus legal”, dijo una trabajadora de Sant La. “Cuando se designó a Haití para el TPS, muchos de ellos pasaron a ser elegibles”. Las extensiones y redesignaciones posteriores, permitieron que otras personas que huyeron de Haití en medio del agravamiento de la violencia, la inseguridad y el colapso del Estado—algunas que llegaron por tierra o por mar, otras mediante el parole u otros programas temporales—reunieran los requisitos para el TPS. “Muchas personas terminaron solicitando el TPS porque era la forma más rápida y menos costosa de obtener protección y autorización de trabajo en Estados Unidos”, dijo la trabajadora.
Solo dos de las personas entrevistadas dijeron que habían solicitado asilo tras llegar a Estados Unidos; sus solicitudes seguían pendientes. La mayoría, sin embargo, dijo que al llegar no sabía qué opciones existían para regularizar su estatus migratorio, que enfrentaron barreras lingüísticas porque solo hablaban criollo haitiano o francés, y que no podía pagar asistencia legal.
Todos dijeron que, finalmente solicitaron el TPS porque era la opción más accesible que tenían a su disposición: la solicitud podía presentarse en línea a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos con un documento de identidad, una prueba de residencia y un pago de aproximadamente entre $40 y $50.
Una mujer de 29 años que trabaja como asistente de salud a domicilio en Florida dijo que solicitó el TPS en lugar de asilo, a pesar de que se había visto directamente afectada por la violencia en Haití. Explicó que, cuando llegó, no entendía todas las opciones de protección disponibles y no podía pagar un abogado que la ayudara a presentar una solicitud de asilo. “Personas de la comunidad haitiana me dijeron que la opción más fácil era solicitar el TPS en línea”, dijo. “Lo que más necesitaba era una autorización de trabajo, para poder mantenerme y enviar dinero a mi familia”.
Si bien el TPS brinda protección temporal contra la deportación y acceso a una autorización de trabajo, no ofrece una vía hacia la residencia permanente. Como resultado, muchos haitianos titulares del TPS han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años, pero siguen en una situación precaria y temporal.
“Llegué a Estados Unidos en 2021 huyendo de la catástrofe en Haití, formé una familia y conseguí varios trabajos. Nunca he dejado de trabajar”, dijo un hombre de 34 años que había trabajado en servicios de limpieza en hoteles y restaurantes, en la construcción y en el transporte en Miami con un permiso de trabajo basado en el TPS. “En diciembre de 2025, mi permiso de trabajo venció y solicité su renovación. Pero, en medio de la incertidumbre sobre el TPS, no he recibido ninguna actualización sobre mi solicitud y mi empleador actual me despidió. He pasado cinco años viviendo en constante incertidumbre, sin poder planificar el futuro y sobreviviendo día a día. Ahora, sin ingresos, mi familia y yo sobrevivimos con la ayuda de los vecinos”.
