- Durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Trump, 52 personas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo que refleja un fuerte aumento de la tasa de mortalidad.
- ICE limita de forma tan severa la información que proporciona al Congreso, a las familias y al público que una supervisión efectiva resulta prácticamente imposible.
- El Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso deberían actuar de inmediato para reducir el número de personas detenidas y garantizar el acceso a una atención médica adecuada, en consonancia con las obligaciones de derechos humanos de Estados Unidos.
(Washington, DC, 25 de junio de 2026) – La tasa de personas que mueren bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) se ha disparado. Al menos 52 personas han fallecido desde el inicio de la actual administración del presidente Donald Trump, señalaron Human Rights Watch y Physicians for Human Rights en un informe publicado hoy.
El informe de 73 páginas, “Morir en detención: aumento de las muertes en un sistema de detención migratoria en expansión en Estados Unidos”, documenta el incremento de las muertes bajo custodia de ICE mediante análisis estadísticos y médicos especializados. El informe revela un aumento de la tasa de mortalidad y plantea serias dudas sobre la calidad de la atención médica proporcionada por ICE y por el personal contratado por la agencia.
El aumento de la mortalidad se produce en un momento en el que la administración de Trump está sometiendo a un número récord de inmigrantes a la detención obligatoria, incluso en condiciones inhumanas y degradantes, al tiempo que desmantela los mecanismos internos de supervisión.
“Las personas están muriendo bajo custodia de ICE a la tasa más alta registrada en muchos años, incluso teniendo en cuenta el aumento del número de personas detenidas”, afirmó Brian Root, asesor sénior sobre tecnología y derechos humanos de Human Rights Watch. “El Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso deberían actuar de inmediato para reducir el número de personas detenidas y reformar profundamente las condiciones de detención, garantizando, entre otras cosas, el acceso a una atención médica adecuada conforme a las obligaciones de derechos humanos de Estados Unidos”.
Human Rights Watch llevó a cabo un análisis cuantitativo de las muertes bajo custodia de ICE entre el 1 de octubre de 2015 y el 4 de junio de 2026, examinando la evolución de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo. Physicians for Human Rights realizó un análisis médico de las 39 muertes ocurridas bajo custodia de ICE durante el primer año de la actual administración Trump, basándose principalmente en la limitada información disponible públicamente.
Las organizaciones también examinaron varios casos con mayor profundidad de lo que se había hecho hasta ahora, recurriendo a entrevistas con familiares, abogados y antiguos compañeros de celda de las personas fallecidas y, en dos casos, revisando historiales médicos complementarios.
En uno de los casos, Maksym Chernyak, un hombre ucraniano de 44 años sufrió un accidente cerebrovascular tras presentar señales inequívocas de una emergencia médica que fueron presenciadas por el personal del centro de detención, que no actuó en consecuencia. Los retrasos resultantes en su traslado a un centro con atención especializada probablemente contribuyeron a su muerte, concluyeron las organizaciones.
En otro caso, Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, murió bajo custodia de ICE en 2025 después de haber sido diagnosticado con Covid-19 y pasar 12 días en aislamiento. Para acceder a los registros relacionados con su detención, tratamiento y fallecimiento, la familia de Vargas presentó una solicitud de acceso a la información en octubre de 2025 y posteriormente una demanda judicial en diciembre. A comienzos de mayo de 2026 todavía no había recibido información adicional.
“Solo una madre que haya perdido a un hijo sabe lo que estoy sintiendo”, dijo su madre. “Quiero a mi hijo, y no puedo hacer nada”.
Durante el primer año del segundo mandato de Trump, el número de personas detenidas por ICE aumentó un 77 %, pasando de unas 40.000 a más de 71.000. Al mismo tiempo, la tasa de muertes bajo custodia de ICE aumentó un 140 %. Human Rights Watch y Physicians for Human Rights han documentado condiciones abusivas en centros de detención migratoria de Estados Unidos desde la década de 1990.
La actual administración Trump ha desmantelado los ya limitados mecanismos internos de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia de la que depende ICE, dificultando aún más el acceso a información, la búsqueda de reparación por abusos y la exigencia de responsabilidades a la agencia y a sus contratistas.
Human Rights Watch y Physicians for Human Rights concluyeron que ICE no divulga información suficiente sobre las circunstancias que rodean las muertes bajo su custodia, dejando sin respuesta cuestiones fundamentales sobre la atención recibida por las personas detenidas y sobre si esta cumplía las normas internacionales de derechos humanos.
La agencia, además, suele retrasar la publicación de información, aparentemente en incumplimiento de sus propias obligaciones, que exigen informar públicamente de una muerte en un plazo de 48 horas y proporcionar información más detallada en un plazo de 30 días. La limitada información actualmente disponible suscita serias preocupaciones sobre las circunstancias de muchas de estas muertes y sobre la calidad de la atención recibida durante la detención.
“ICE restringe de tal manera la información que proporciona al Congreso, a las familias y al público que una supervisión efectiva resulta prácticamente imposible”, afirmó la doctora Katherine Peeler, coautora del informe, profesora adjunta de Pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard y asesora médica de Physicians for Human Rights. “En los casos en los que hemos podido acceder a los registros de ICE y de hospitales externos, estamos observando incumplimientos estremecedores del deber de cuidado”.
Las muertes de personas bajo detención migratoria en Estados Unidos apuntan a posibles violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protege el derecho a la vida y obliga a los Estados a adoptar medidas para salvaguardar la vida de las personas bajo su custodia.
Las malas condiciones de detención y la falta de atención médica adecuada también pueden constituir violaciones de la prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes recogida en el PIDCP y en la Convención contra la Tortura.
El DHS y sus contratistas deberían rendir cuentas de forma completa, pública y oportuna por cada muerte ocurrida bajo su custodia. El Congreso debería reducir el número de personas sometidas a detención, priorizar alternativas a la misma y negar financiación para cualquier nueva ampliación del sistema de detención. También debería abordar de manera decidida el creciente número de muertes, la insuficiente atención médica y las deficiencias crónicas de transparencia y rendición de cuentas del DHS.
Asimismo, debería establecer nuevos mecanismos independientes de supervisión con capacidad real de actuación, incluidas investigaciones independientes obligatorias de cada muerte bajo custodia, la publicación de todas las revisiones de fallecimientos y de los informes de autopsia, y sanciones para ICE en caso de incumplimiento.
La financiación del DHS ha aumentado considerablemente tras la reciente asignación de 70.000 millones de dólares hasta 2029. El Congreso debería aprobar mecanismos de supervisión independientes mediante legislación específica para garantizar que estos fondos no se utilicen para ampliar un sistema abusivo que ha fracasado en la protección de vidas humanas.
“Las familias tienen derecho a saber qué ocurrió con sus seres queridos bajo custodia de ICE”, afirmó Peeler. “Mientras las personas permanezcan bajo custodia migratoria en Estados Unidos, el gobierno tiene la obligación legal y moral de proteger sus vidas y, cuando no lo hace, la obligación pública de explicar lo sucedido. En estos momentos está incumpliendo ambas responsabilidades”.
