Reportes

El informe de 66 páginas, “‘Nos abandonan aquí a morir’: Deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y nacionales de otros terceros países”, documenta los abusos del gobierno estadounidense contra cubanos y nacionales de terceros países deportados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Muchos deportados cubanos se encuentran atrapados en un limbo legal, dado que el gobierno cubano se niega a recibirlos y México no les ofrece vías efectivas para obtener la residencia permanente. Las autoridades mexicanas no ofrecen prácticamente ningún apoyo institucional a estas personas, lo que deja a muchos en situaciones precarias de falta de acceso a vivienda, alimentación o atención médica adecuada.

El informe de 90 páginas, titulado “‘Llegaron al infierno’: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador”, ofrece un análisis exhaustivo del trato que recibieron estas personas en El Salvador. En marzo y abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos envió a 252 venezolanos, entre ellos, decenas de solicitantes de asilo, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, a pesar de informes creíbles sobre graves violaciones de derechos humanos en las prisiones salvadoreñas. Los venezolanos fueron objeto de devolución— el envío de personas a un lugar donde corren peligro de sufrir tortura o persecución—, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual.

El informe de 100 páginas, “‘Sientes que tu vida se acabó’: Prácticas abusivas en tres centros de detención de migrantes en Florida desde enero de 2025”, documenta las condiciones de detención en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés) en Miami, incluyendo hacinamiento e insalubridad, tratos degradantes y falta de acceso atención médica adecuada y de urgencia. Las organizaciones también documentaron la experiencia de 17 migrantes detenidos en los tres centros de detención desde el 20 de enero.

El informe de 73 páginas, “‘La estrategia es doblegarnos’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Costa Rica”, documenta las expulsiones de Estados Unidos, que se produjeron después de que el gobierno estadounidense retuviera a migrantes y solicitantes de asilo en condiciones de detención abusivas—a veces durante semanas—mientras les negaba sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla que las autoridades de Costa Rica detuvieron durante dos meses a las personas expulsadas y les trasmitieron mensajes contradictorios sobre su futuro.

El informe de 44 páginas, “‘A nadie le importó, nadie nos escuchó’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Panamá”, documenta la expulsión masiva a Panamá. Expone las duras condiciones de detención y los malos tratos que sufrieron en Estados Unidos, así como la vulneración de sus derechos al debido proceso y a solicitar asilo. También detalla la detención en régimen de incomunicación en Panamá, donde las autoridades retuvieron sus teléfonos, bloquearon las visitas y los aislaron del mundo exterior.

En el informe de 68 páginas, “No podíamos esperar: Sistema de dosificación digital en la frontera entre EE. UU. y México”, se describe en detalle que los gobiernos de Biden y López Obrador han logrado que la aplicación móvil del gobierno estadounidense CBP One, cuyo uso resulta dificultoso, sea prácticamente obligatoria para quienes intentan solicitar asilo en Estados Unidos. El resultado es un sistema de “dosificación” de facto, una práctica establecida formalmente al principio de la administración Trump que limita la cantidad de solicitantes de asilo procesados en los puertos de ingreso cada día y hace que otros sean devueltos a México.

El informe de 120 páginas, titulado “Abandonados en la selva: Protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién”, es el segundo en una serie de informes de Human Rights Watch sobre migración a través del Tapón del Darién. Human Rights Watch identificó deficiencias específicas en los esfuerzos para proteger y asistir a estas personas—incluyendo a quienes corren mayores riesgos, como los niños, niñas y adolescentes no acompañados—así como para investigar abusos cometidos en su contra.

El informe de 58 páginas, “‘Este infierno era mi única opción’: Abusos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién” es el primero de una serie de informes de Human Rights Watch sobre la migración a través del Tapón del Darién. Human Rights Watch obtuvo evidencias de que las restricciones al movimiento desde países sudamericanos hacia México y Centroamérica, a menudo promovidas por Estados Unidos, han contribuido a aumentar el número de personas que cruzan el Tapón del Darién, lo cual los expone a abusos, incluyendo violencia sexual, y fortalece el crimen organizado.

El informe de 52 páginas, “‘El mar se está comiendo la tierra debajo de nuestras casas: Ante el hacinamiento y la subida del nivel del mar, una comunidad indígena planea su reubicación”, documenta por qué la comunidad de Gardi Sugdub decidió reubicarse y cómo los retrasos del gobierno y el apoyo incompleto a la reubicación han paralizado el traslado y dejado a la comunidad en el limbo. (En este enlace puede leer el resumen y nuestras recomendaciones. El informe completo se dará a conocer en los próximos días.) Human Rights Watch constató que, si bien algunos aspectos del apoyo del gobierno panameño y del Banco Interamericano de Desarrollo a la comunidad han sido ejemplares, se necesitan medidas urgentes para garantizar el respeto por los derechos de los miembros de la comunidad en la reubicación.

En el documento de 28 páginas titulado “‘They Treat You Like You Are Worthless’: Internal DHS Reports of Abuses by US Border Officials” (“‘Te tratan como si no valieras nada’: Informes internos del DHS sobre abusos por funcionarios fronterizos de EE. UU.”), se detallan informes internos presentados por funcionarios de asilo en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) sobre la conducta de miembros del personal en las áreas de control migratorio que dependen del mismo organismo, el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). Aunque presentan numerosas partes censuradas, los informes, que Human Rights Watch pudo obtener después de iniciar acciones legales en el marco de la Ley sobre Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), incluyen acusaciones de abuso físico, sexual y verbal, violaciones del debido proceso, condiciones de detención severas, denegación de atención médica y trato discriminatorio en la frontera o en sus proximidades.

El informe de 111 páginas, “‘Como si me estuviera ahogando’: el programa estadounidense ‘Permanecer en México’ perjudica a niños, niñas y familias”, es una investigación conjunta de Human Rights Watch, el Programa de Derechos Humanos y Trauma de Salud Mental de la Universidad de Stanford y la Clínica de Defensa Familiar e Infantil de la Universidad de Willamette. Los niños y adultos entrevistados describieron haber sido agredidos sexualmente, secuestrados a cambio de un rescate, extorsionados, robados a punta de pistola y sometidos a otros delitos bajo los Protocolos de Protección de Migrantes de Estados Unidos (MPP, por sus siglas en inglés), conocido como el programa “Permanecer en México”. En muchos casos, dijeron que estos ataques ocurrieron inmediatamente después de que las autoridades estadounidenses los enviaran a México para esperar las audiencias de los tribunales de inmigración estadounidenses sobre sus solicitudes de asilo, o cuando regresaban de las audiencias. Testigos aseguraron que agentes de inmigración o policías mexicanos cometieron algunos de estos delitos.

El informe de 169 páginas, “‘Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos”, documenta la violencia que experimentan personas LGBT en los tres países del Norte de América Central que conforman el denominado Triángulo Norte, por parte de pandillas, funcionarios de aplicación de la ley y sus propias familias, entre otros. Human Rights Watch concluyó que los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos.

El Acuerdo de Cooperación en materia de Asilo (ACA) suscrito entre ambos países permite a Estados Unidos trasladar rápidamente a Guatemala a los solicitantes de asilo no guatemaltecos, sin ofrecerles la oportunidad de presentar solicitudes de asilo en Estados Unidos y privándoles del acceso a una protección efectiva en Guatemala. En consecuencia, se ven obligados a desistir de sus solicitudes de asilo y algunos de ellos, con temores fundados de ser perseguidos, al parecer están regresando a sus países de origen, donde corren un riesgo real de sufrir daños graves.

El gobierno estadounidense ha deportado a personas que, una vez en El Salvador, se enfrentaron a abusos o incluso la muerte. Si bien EE. UU. no es el único responsable —pues las pandillas salvadoreñas que victimizan a personas deportadas y las autoridades salvadoreñas que perjudican a deportados o no actúan para protegerlos tienen responsabilidad directa—, en muchos casos EE. UU. expone a peligros a personas salvadoreñas en circunstancias en las que sabe, o debería saber, que es posible que sufran daños.